La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) se unió este miércoles e a las voces de preocupación y condena frente a las graves afectaciones que sufre la población civil de las veredas de El Tarra, San Calixto, Hacari, Teorama, Convención, Sardinata, Tibú y en general del Catatumbo, generadas a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

En un comunicado de prensa, la MAPP/OEA sostiene que ha "constatado en terreno que las hostilidades entre grupos ilegales continúan y, con ello, las afectaciones a la población civil en Filogringo, San Pablo, Mesitas y La Primavera, entre otras veredas y corregimientos de esta región del Norte de Santander".

Y añaden: "además de homicidios, desplazamientos forzados y secuestros, se han generado restricciones a la movilidad y confinamientos de comunidades intimidadas por el accionar de las estructuras ilegales".

La organización de apoyo a la paz hace un enérgico llamado a los grupos armados ilegales a cesar la violencia, y a respetar los derechos y la integridad de las comunidades.

"El actual paro armado constituye una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario, al involucrar a la población civil en actos de guerra. Servicios de primera necesidad, como la atención hospitalaria y el funcionamiento de los colegios y escuelas, también se han visto seriamente amenazados y afectados por el accionar de estos grupos. Además, las organizaciones comunitarias han sido amedrentadas y atacadas, lo mismo que sus líderes y lideresas", sostiene.

Para la misión preocupa que los hechos de victimización continúen o aumenten en el futuro cercano. "También preocupa la emergencia social y humanitaria que enfrentan las poblaciones, así como la capacidad local para atenderla de manera oportuna e integral", se lee en el comunicado.

La Misión, también, hace un llamado a las instituciones locales, regionales y nacionales a redoblar los esfuerzos que están adelantando en la zona. Y renueva su llamado al Gobierno Nacional para brindar una protección efectiva a la población y garantizar la no repetición de las afectaciones causadas por la violencia y la criminalidad, que históricamente han impactado a estas comunidades.